Los servicios de delivery tienen su curul, aunque nadie les votó

El 9 de noviembre de 2021, la Comisión de Trabajo del Congreso se reunió en Lima para poner en votación el Proyecto de Ley 018, que plantea reconocer derechos laborales y un pago justo a las personas que realizan servicios de delivery. Un sector económico que en el país es controlado por un binomio: Rappi y PedidosYa, empresas vinculadas al gigante alemán Delivery Hero, que posee el 7,9% de acciones en la primera y es dueña de la segunda -tras su compra del negocio de Glovo-.

La iniciativa llevaba tres meses en debate y se debía votar para convertirlo en un dictamen que sería enviado al pleno del parlamento, pero la congresista Adriana Tudela, del partido de derecha Avanza País, intervino para señalar que el proceso no podía concluir sin recibir opiniones de más expertos. “Diversas asociaciones, que velan por el correcto funcionamiento del mercado y de la economía digital, me han manifestado su preocupación porque dicen que han enviado sus opiniones técnicas a esta comisión y no han sido tomadas en cuenta”, fue su alegato durante la sesión, que se realizaba vía Zoom. 

No era la primera vez que pedía el uso de la palabra para una intervención semejante; lo había hecho en agosto y septiembre, y en cada oportunidad dejó en claro su oposición a reconocer un vínculo laboral o subordinación entre las empresas por aplicativo y las personas que realizan el servicio de reparto, mensajería y movilidad. El Proyecto de Ley 018, por su parte, define el vínculo laboral entre ambas partes, plantea un contrato de trabajo con horarios mínimos y una tarifa justa, protección frente al acoso y discriminación, libertad de asociación y condiciones mínimas en salud y seguridad social.

En respuesta, la legisladora Isabel Cortez, presidenta del grupo de trabajo, aseguró que este había cumplido con enviar oficios a los especialistas recomendados, quienes hicieron sus aportes por escrito. Pero Adriana Tudela insistió en que se debería invitar a más expertos, de modo que opinaran de forma oral. Su propuesta fue sometida a votación y consiguió el apoyo necesario. Ella, que tenía el micrófono encendido, celebró con un expresivo: “¡Ganamos!”.

Ha pasado casi un año desde este incidente, y dos desde que se reavivó el debate legislativo para regular la actividad laboral del servicio delivery, pero el debate legislativo está entrampado. En este tiempo, Rappi y PedidosYa han expandido sus inversiones y unidades de negocio, mientras que los repartidores siguen laborando bajo las mismas condiciones sin tener una respuesta. Una situación que solo resulta provechosa para las empresas.

Punto Visual, Rappi y un contexto de inversiones

Adriana Tudela Gutiérrez es hija del exministro y exvicepresidente del Perú en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Francisco Tudela, y llegó a ese escaño en las elecciones de abril de 2021. Según los reportes del organismo electoral, la agrupación Avanza País -donde ella tiene el cargo de vocera de bancada- declaró gastos de campaña por 1,65 millones de soles  (un poco más de 471.000 dólares), de los cuales 927.338 soles se distribuyeron en propaganda electoral contratada a medios de comunicación, seis personas naturales y a siete empresas.

En esta lista encontramos dos compañías del grupo Punto Visual, una de las firmas más reconocidas de publicidad exterior en el país que es dirigida por la familia De Azambuja, y que durante la campaña electoral de 2021 usó sus torres y paneles para difundir mensajes contra el comunismo. Este hecho llegó a ser investigado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para conocer quién financió dicha propaganda política. La empresa respondió que lo hicieron ellos mismos, ejerciendo su libertad de expresión.

Las empresas registradas como proveedoras del partido Avanza País son Punto Visual S.A., que registra el cobro de 259.414 soles (alrededor de 74.000 dólares) por el alquiler de espacios publicitarios; y Sistema de Impresiones S.A., que obtuvo 221.105 soles (algo más de  63.000 dólares) por la venta de 69 banners para paneles y pantallas. El gerente general de este grupo publicitario es Alberto de Azambuja Pasara, y su socio y director allí es su hermano, Humberto Javier de Azambuja Pasara.

Humberto de Azambuja es presidente del Comité de Publicidad Exterior en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que agrupa a las principales empresas manufactureras del país y que se opone al mencionado Proyecto de Ley 018 en el sector del delivery. En una carta enviada el 3 de septiembre de 2021 a la Comisión de Trabajo del Congreso, la SNI pidió que se declare inviable dicha propuesta y advirtió que su posible aprobación propiciaría que estas compañías cierren o se retiren del país.

Para aquel entonces, la hija de Humberto de Azambuja, Thais de Azambuja Guerinoni, ocupaba el cargo de Gerente de Crecimiento de Cuentas de la operación peruana de Rappi. Según su hoja de vida, el rol de Thais de Azambuja fue “supervisar la visión estratégica, gestión y crecimiento de alianzas” de la compañía, entre marzo de 2020 y enero de 2022. 

El tiempo en el que ella formó parte de la planilla de Rappi, marzo de 2020 y enero de 2022, fue el periodo en que esta compañía extendió sus negocios en el mercado peruano. Luego de medio año de restricciones por la pandemia, en septiembre de 2020, Rappi S.A.C firmó un acuerdo con el banco Interbank, buque insignia del grupo económico Intercorp, que pertenece al hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor. La alianza tuvo como objetivo crear el servicio financiero Rappibank, que ofrece cuentas de ahorros con tarjeta de débito y crédito. Para mayo de 2022, la empresa había logrado colocar 66.000 de estas Rappicard. 

Dos meses después, en noviembre de 2020, Rappi S.A.C registró su segundo aumento de capital en Registros Públicos: pasó de tener 48 millones de soles (unos 13,7 millones de dólares) a 82,4 millones (más de 23,5 millones de dólares). Su línea de negocio, además, se fortaleció en pandemia con la expansión de sus dark kitchens o cocinas ocultas; un sistema donde los restaurantes le alquilan espacios de 20 m² para la preparación masiva de alimentos, a puerta cerrada. 

Con este modelo de operación las empresas pueden llegar a zonas alejadas, invirtiendo menos costos que abrir una sucursal, sin embargo, se pone en desventaja a los restaurantes que apuestan por una infraestructura completa y sobrecarga la labor de los cocineros. A la fecha, Rappi cuenta con 30 empresas de comida que tercerizan sus servicios en tres cocinas compartidas. 

Para este reportaje se buscó contactar con Thais de Azambuja a través de sus redes corporativas, y con su padre Humberto de Azambuja, por medio de su secretaria en la empresa Punto Visual. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de edición. Del mismo modo, se solicitó una entrevista a la congresista Tudela a través de su equipo de prensa, por el que también se le hizo llegar un cuestionario. Se negó, aludiendo a la falta de tiempo.

En estos dos años no solo Rappi extendió sus inversiones en el Perú. En septiembre de 2020, su accionista, la alemana Delivery Hero, compró las operaciones de Glovo en Latinoamérica por un valor de 272 millones de dólares. Lo hizo a través de su subsidiaria Pedidos Ya, que entre febrero y marzo de 2021 duplicó su capital en el país, de 4,9 millones de dólares a 10,5 millones de dólares, e inició la reconversión de su marca para borrar el recuerdo de Glovo.

Para PedidosYa, Perú es el tercer mercado más importante en América Latina. Actualmente esta plataforma opera en Lima y en 23 ciudades regionales, con cerca de 10.000 negocios afiliados y unos 6.000 repartidores activos. En 2021, además, creó PedidosYa Market, una dark store, es decir, locales que funcionan como supermercados cerrados, con despensas llenas de productos pero sin atención al público, creado para agilizar la entrega de sus pedidos. Rappi también cuenta con este servicio, pero lo denomina Rappi Turbo.

Es en este contexto que el Congreso peruano recibió cinco proyectos de ley que proponen reconocer derechos a los repartidores, o regular el servicio de entrega y movilidad en las empresas por aplicativo, propuestas que, de aprobarse, tendrán un impacto en el modelo de negocio de Rappi y PedidosYa. Sin embargo, el Proyecto de Ley 018 es el único que recoge con amplitud las demandas de los trabajadores y sigue en discusión.

La socióloga Alejandra Dinegro, fundadora de la organización ciudadana Observatorio de Plataformas, señala que desde inicios de 2020 se evidencian acciones concertadas por parte de gremios y abogados cercanos a las empresas de delivery, con el objetivo de influir en el debate político y frenar una reforma laboral en este sector. “Hay un mayor espacio ganado por voceros que se oponen a cualquier tipo de regulación (…) Hemos notado mayor injerencia de gremios empresariales que ahora parecieran actuar en bloque”, señaló.

Dinegro sostiene que esta aparente organización sucede en un momento en que Perú se ha convertido en una plaza más atractiva para las empresas digitales. “Latinoamérica representa uno de los espacios comerciales de mayor crecimiento para el servicio de delivery. Recordemos que a mediados de 2019 Lima se convirtió en la ciudad, a nivel global, con mayor número de pedidos para la española Glovo [ahora Pedidos Ya], superando a Madrid. Perú es un mercado bastante propicio para ellos porque no hay regulación”, añadió.

Los voceros de ambas empresas por aplicativo tampoco aceptaron participar de este reportaje.

Desfile de abogados vinculados

Durante 2021, la Comisión de Trabajo recibió múltiples escritos de los gremios empresariales que representan a los grupos económicos y principales compañías del país, en los cuales se rechaza todo intento por aprobar una ley que reconozca un vínculo laboral entre los repartidores y las compañías digitales. En paralelo, la congresista Adriana Tudela insistía en pedir que no se aprobara ningún dictamen hasta que se consideraran más voces de expertos en el debate.

De acuerdo con las actas de las sesiones legislativas, entre los expertos independientes propuestos por Tudela Gutiérrez aparece Ivo Gagliuffi Piercechi, expresidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi) y socio del Estudio Garrigues. Este bufete jurídico global asesoró a la matriz Rappi Inc para constituir su banco digital en Colombia, en 2021, y sirvió como su apoderado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país. Incluso uno de sus asociados senior dejó el bufete para entrar al área legal de Rappi. 

Gagliuffi no se presentó ante la Comisión de Trabajo, pero sí lo hizo otro abogado sugerido por Tudela: Pierino Stucchi. Acudió como presidente de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital), una asociación creada en abril de 2020 con el objetivo de “promover los negocios digitales”. Lo que Stucchi no dijo fue que también es socio principal del Estudio Muñiz, una de las firmas de abogados más importantes en Perú y que tiene entre sus clientes a Rappi Inc, específicamente en el área de Propiedad Intelectual. 

Consultado al respecto, Stucchi señaló que él no le presta servicios a Rappi de manera directa, y no consideró necesario señalar el vínculo de su bufete con la empresa de delivery. “Mi presentación no ha sido como litigante ni como asesor, sino como representante de una asociación que tiene como finalidad presentar comentarios para que la sobrerregulación no afecte la actividad de los ciudadanos(…) Un estudio de abogados puede tener una cantidad de clientes significativa y no estoy al tanto de todos”, dijo el socio principal del Estudio Muñiz.

En su ponencia ante el Congreso, Stucchi señaló que la cantidad de horas trabajadas no generan un vínculo laboral entre las plataformas digitales y sus repartidores, pues estos siguen siendo libres de elegir con quién y cuándo trabajar. Sin embargo, en empresas como Rappi y PedidosYa sus trabajadores señalan que el algoritmo del aplicativo castiga con menos pedidos a quienes se conectan pocas horas, descansan en su refrigerio o no aceptan ir a lugares inseguros. Para el socio del Estudio Muñiz, estos casos no se pueden generalizar, ni deben servir de base para aprobar leyes al respecto.

Otro nombre sugerido por la congresista Tudela para aportar al debate legislativo fue el de Manuel Quindimil, especialista en comercio digital y gerente de Relaciones Gubernamentales y Legislativas en la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham). Esta organización tiene como socios al Estudio Echecopar, firma legal que asiste a Rappi Inc en las áreas de libre competencia, antimonopolio y compliance; y al Estudio García Sayán, representante legal y sede fiscal de Delivery Hero (Pedidos Ya) en el Perú. 

Además, uno de los miembros de la Junta Directiva de AmCham es el exministro de Economía Fernando Zavala, CEO de Intercorp, la matriz del banco Interbank que se alió con Rappi. Tanto Quindimil como Amcham enviaron cartas al Congreso advirtiendo que la aprobación del Proyecto de Ley 018 afectaría el modelo de negocio de las plataformas digitales, “poniendo en riesgo la actividad económica de miles de repartidores y conductores independientes”. 

Quindimil, quien respondió por escrito a nuestras interrogantes, indicó que no conoce directamente a la congresista Tudela y que fue invitado como académico. “Y aún cuando hubiera sido invitado como funcionario de AmCham, mi opinión técnica no tiene por qué verse afectada por instituciones vinculadas a las empresas de delivery (…) Ni Rappi, ni Pedidos Ya son socios de la Cámara. AmCham se pronuncia técnicamente sobre los temas que considera que benefician el clima de inversión, el comercio, la generación de empleo”, añadió.

Por su parte, Martín Varillas Cueto,  socio del Estudio García Sayán, negó que existan intereses cruzados en las opiniones brindadas por Amcham. “Son tres niveles totalmente diferentes; uno es el gremio Amcham, con varios socios; otro la empresa que se dedica a la actividad del delivery; y, por último, el estudio de abogados que la asesora. Todas son independientes entre sí, no van a opinar por un cliente en particular”.

Un tercer experto propuesto por la legisladora Tudela para que opine sobre la reforma laboral en las empresas de reparto es Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú), entidad que tiene como agremiados a Rappi y Delivery Hero. 

Cada paso que ha dado Comex en este debate legislativo ha sido coordinado con el colombiano Juan Sebastián Rozo, director de Asuntos Públicos de Rappi y exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en ese país; y con el argentino Pedro Devoto, gerente legal de Asuntos Públicos Regionales de Pedidos Ya, como lo confirmó Dupuy en entrevista con este medio.

Comex envió un escrito a la Comisión de Trabajo para sustentar su rechazo al Proyecto de Ley 018, pero, en paralelo, su coordinadora parlamentaria, Samantha González, entregó documentos adicionales a los asesores de la congresista Tudela para reforzar su posición. “Fue información pública, como el estudio que hicimos con el IPE (…) Este tipo de evidencia la compartimos con congresistas, justamente, porque para nosotros es importante que los proyectos de ley estén bien sustentados. La compartimos para que pueda ser utilizada en leyes que realmente obedezcan a la realidad”, señaló Dupuy.

En marzo de este año, este medio abordó a la congresista Tudela durante un foro público organizado por la Comisión de Trabajo. Allí se le consultó por el vínculo que tiene Comex con las compañías de delivery en este debate parlamentario, pero dijo que no conocía de esta relación. Al preguntarle si había recibido en su despacho a representantes de las empresas por aplicativo, Tudela dijo que tuvo «reuniones con gremios, como Comex, donde se recogieron sus preocupaciones». Este encuentro, sin embargo, no aparece en el registro oficial de visitas del Congreso.

El proyecto Tudela y el entrampamiento del caso

Luego del desfile de abogados y gremios que se oponen a reconocer la existencia de un vínculo laboral en las empresas por aplicativo -aunque también de expertos y organizaciones civiles que están a favor-, la Comisión de Trabajo organizó un foro para que académicos extranjeros y repartidores expresen su posición. El evento se realizó el 18 marzo de 2022. Cuando estaba por culminar, la congresista Tudela ingresó a la sala y, pese a no estar en el programa, subió a la mesa de oradores para reiterar su disconformidad y anunciar que presentaría su propia fórmula legal.

Su Proyecto de Ley Nª 1536 ingresó a mesa de partes el 28 de marzo de 2022 y plantea crear la figura de prestador de servicios independiente de plataforma digital, donde la empresa digital solo es un intermediario. De acuerdo con este texto, el proyecto tomó como insumo la “opinión de asociaciones técnicas especializadas en plataformas digitales como Comex Perú, el Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre otras”. 

El IPE fue contratado por Comex para elaborar una encuesta donde se afirma que 37% de los trabajadores de aplicativos de taxi y delivery quieren ser independientes. Este estudio ha sido usado por los gremios empresariales durante el debate legislativo para sustentar su rechazo a la reforma laboral. Por su parte, la CCL, si bien se opone a la regulación laboral en este sector, consideró en un escrito que la propuesta de Tudela reitera lo que ya está normado sobre los servicios independientes. “Siendo esto así, bastaría que los servicios de la Sunafil [Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral] verifiquen las situaciones de hecho”, agregó.

La precariedad en la que trabajan los repartidores de plataformas en Perú ya fue identificada en febrero de 2020 por una comisión ad-hoc del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la cual se conformó luego que los riders marcharan exigiendo mejoras. Aquí se detectó que los repartidores cumplen jornadas promedio de 13 horas, con cálculos desventajosos para definir y cobrar por las distancias recorridas, y bajo un sistema que los califica y penaliza de acuerdo a los pedidos que acepten. Por ejemplo, se otorga la máxima puntuación a quienes cumplan 52 pedidos los días de mayor demanda, y en horarios de almuerzo o cena. 

El grupo de trabajo también recogió los reclamos de los repartidores respecto a casos de violencia, inseguridad, xenofobia o acoso sexual del que son víctimas por parte de clientes. Algunos de ellos, incluso, los llaman para transportar mercadería ilícita. Asimismo, la cobertura de salud que reciben es limitada, y ellos deben asumir el costo y mantenimiento de sus equipos celulares, motocicletas, combustible, internet, indumentaria, mochilas, internet y contratación de contadores para el pago de impuestos.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo opinió a favor de que los parlamentarios establezcan criterios para definir en qué casos sí existe dependencia o relación laboral en los servicios de reparto, mensajería o transporte a través de plataformas digitales. Además de procurar el aseguramiento en salud y/o cobertura de pensiones para los repartidores.

Sin embargo, la propuesta de Tudela califica como “prestador independiente” a los que ejecutan “un servicio por cuenta propia y de manera autónoma, discontinua, esporádica, a través de una plataforma digital de contacto, y que percibe una contraprestación económica de los usuarios que se interconectan con él”. Con esta descripción no se distinguen las condiciones bajo las que estas personas desarrollan su labor en la práctica, y que, justamente, son el motivo para cuestionar su real autonomía.

El pasado 13 de mayo, el entrampamiento legislativo en torno a este tema parecía llegar a su fin, pues en la Comisión de Trabajo se logró consensuar una propuesta que reunía opiniones de expertos, instituciones y los principales planteamientos de los proyectos 018, 1536 y de otros dos que piden regular el servicio de taxi por aplicativo. Aquel día, se aprobó por unanimidad el dictamen que define el vínculo laboral en las empresas por aplicativo, bajo ciertas condiciones, y establece derechos básicos para sus trabajadores.

El acuerdo ingresó a mesa de partes el 25 de mayo, y el paso siguiente iba a ser enviarlo al Pleno para su discusión y aprobación final. Sin embargo, en aquella votación no estuvo presente la congresista Adriana Tudela. 

El 26 de mayo, ella y otros ocho legisladores presentaron un informe en minoría para rechazar el mencionado dictamen y, gracias a que el parlamentario Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario) retiró su voto del acuerdo previo, los opositores lograron un empate. Con ello, el debate sobre la regulación laboral de las plataformas digitales ha vuelto a quedar en suspenso. Fuentes del Legislativo indican que no hay consenso para volver a impulsar el proyecto original ni el dictamen recortado. Las demandas de los trabajadores del delivery han quedado en la congeladora.