Las conexiones de Rappi quedan en familia

Eran finales de los años 70 cuando Raúl Solís Wolfowitz, el padre del actual presidente de Rappi en México, Alejandro Solís Ostrovsky, conoció a Pedro Aspe en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una universidad privada, constituida ya para entonces como una de las principales y más prestigiosas del país. 

Raúl Solís fue director de la carrera de administración de esa universidad desde 1978 hasta 1982, momento en el que Pedro Aspe se había incorporado como director de Economía de tiempo completo. Como colegas de la institución, estrecharon lazos y, con el tiempo, esto tendría sus ventajas.

En el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI (Partido Revolucionario Institucional), una suerte de think tank del otrora partido hegemónico, Pedro Aspe defendía la disciplina fiscal y las políticas anti-inflacionarias restrictivas, más propias de lo que se dio en llamar el neoliberalismo. El doctor, junto a su colega, Ernesto Zedillo Ponce de León -quien a la postre sería también presidente-, prepararon la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

Salinas de Gortari ganó y Pedro Aspe fue su secretario de Hacienda y Crédito Público. En esa dependencia coincidió con Jacques Rogzinksi al frente de la Oficina de Desincorporaciones, desde la que se privatizaron al menos unas 200 empresas públicas. Junto a ellos en el gabinete llegó el profesor Carlos Hank, que asumió el puesto de secretario de Turismo.  

Tras la presidencia de Zedillo, pasaron los años y el PRI no volvió a gobernar hasta que llegó Enrique Peña Nieto. En 2012, al apenas asumir la presidencia, Peña Nieto designó a Jacques Rogzniski como nuevo director de Nacional Financiera (Nafin). Para ese momento, Raúl Solís Wolfowitz no se había perdido. Se mantuvo cerca de Rogzniski —que pertenecía al mismo círculo de Aspe—, quien lo nombró director general adjunto de esa banca de inversión estatal.

Fue justo en ese sexenio que Rappi, la aplicación internacional de delivery, representada empresarialmente por Alejandro Solís Ostrovsky, el hijo de Solís Wolfowitz, inició operaciones en México.  

Entonces las relaciones entre los Solís y los Hank se pondrían a valer otra vez.

Las Tarjetas del Futuro

Pasaron algunos años y en la Ciudad de México, el 23 de junio de 2020, el Grupo Financiero Banorte liderado por Carlos Hank González (nieto del profesor Hank) y Rappi  conocida como la “super-app”que opera en nueve países de América Latina, (cuyo director general es Alejandro Solís) formalizaron una alianza estratégica para configurar una nueva sociedad, con el propósito de ofrecer servicios financieros digitales de movilidad y comercio electrónico a los millones de usuarios de la plataforma de Rappi.

El director general de la sociedad es José Antonio Murillo Garza, graduado en economía por la ITAM, ex director y fundador del equipo de analítica del Grupo Financiero Banorte y, actualmente, también el director ejecutivo de RappiCard México. En términos constitutivos Banorte y Rappi se registraron como accionistas (50%- 50%) con una capitalización de unos 350,9 millones de dólares (u 8.000 millones de pesos mexicanos, a la tasa de cambio del 26 de junio de 2022). Tarjetas del Futuro, Tecnologías Rappi y  Rappi Travel son los tres registros de compañías de la gran transnacional que se constituyeron en territorio mexicano.

Tarjetas del Futuro SAPI de CV asumió el tramo de los pagos de la operación de Rappi. Su instrumento son unas tarjetas de crédito habilitadas con la tecnología de «pagos sin contacto» de Visa, por la que los usuarios de Rappi pueden solicitar créditos a través de la aplicación. La tarjeta incluye beneficios como: reembolsos de dinero de hasta 3% en todas las compras, cero anualidades, meses sin intereses y descuentos. La empresa también intenta ganarse a las pequeñas y medianas empresas; en 2021 lanzó el programa “RappiContigo” dónde podían solicitar crédito para el capital de trabajo sin cobro de comisión por apertura y condiciones preferenciales. 

Las alianzas de Rappi con bancas no son novedad. En Colombia, para el año 2021, la empresa logró la aprobación de la superintendencia financiera del país para la constitución de RappiPay compañía de Financiamiento S.A, una sociedad entre Rappi y la Corporación Financiera Davivienda S.A; la entidad financiera será 100% digital, un “neo-banco”. Y en Perú, también bajo el nombre de Rappibank Perú, la empresa estableció una alianza entre Interbank, un banco local, y Rappi, registrada además como una sociedad anónima cerrada cuya información no es pública.

El crecimiento que esta empresa afirma tener en México y las nuevas inversiones que proyecta son enormes. Para julio del año 2021, Rappi ya había logrado distribuir 242.000 tarjetas de crédito en México y, para el tercer trimestre del 2022, la RappiCard nemitida por la sociedad de Tarjetas del Futuro SAPI de C.V, ya facturaba mensualmente 1.768 millones de pesos mexicanos (89.199,67 dólares americanos). Entre agosto y octubre de este 2022 se han emitido otras 703.000 tarjetas de crédito.

En una nota de la agencia Bloomberg, se citaba a Rafael Agana de Garza, director de operaciones y finanzas de Banorte, quien afirmó: “Uno de los pilares de la estrategia digital de Banorte ha sido la alianza con Rappi”. La declaración coincidió con el anuncio del lanzamiento de Bineo, en octubre del 2022. Bineo es una banca totalmente digital para México, que planea competir con la banca tradicional y las fintech que operan en el mercado. Bineo obtuvo su licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) preparándose así para su lanzamiento efectivo en el mercado para el primer trimestre del 2023.

Por lo que se sabe, el lanzamiento de esta banca estará basado en el manejo de la big data y, de acuerdo con la reseña de Bloomberg, la nueva plataforma digital puede estar inspirada en la personalización que ofrece Rappi y la innovación dentro de sus aplicaciones, acercándose a un grupo “más joven”. 

La influencia de la relación entre los Hank y los Solís ha alcanzado su cénit económico durante los últimos años, sin embargo, esta trayectoria de ascenso ha estado acompañada no sólo por alianzas empresariales, sino también por vínculos políticos que permanecen cercanos desde hace varios sexenios atrás. 

Hank llega y el poder reclama

En el 2012, cuándo la empresa Rappi se instaló en México, en otro escenario a la par, falleció el poderoso empresario Roberto González Barrera, fundador del Consejo de Administración de Gruma (empresa principal de producción de harina de maíz y tortillas en México) y presidente del Grupo Financiero Banorte. Años antes, una de sus hijas, Graciela González, se había casado con Carlos Hank Rhon, el hijo del profesor Carlos Hank. A través de esta alianza matrimonial se unieron dos de las familias de magnates más importantes de México. En 2015, esta unión sería, además, estratégica para el apellido Hank, ya que el hijo de ambos asumiría la presidencia del consejo de administración del grupo Banorte.

En 2018, la banca dirigida por Carlos Hank González adquirió el grupo financiero Interacciones, liderado por su padre, quien además tenía una historia bastante cercana con el gobierno de Peña Nieto: Interacciones llevó a cabo algunos contratos con el estado mexicano a través de las constructoras que hacían parte del Grupo Hermes, del que la familia es propietaria. El mecanismo funcionaba así: Interacciones le daba un crédito al gobierno -fuera federal, de estados o municipios de México- para el financiamiento de infraestructuras, que por lo general se construían con las empresas de la misma familia. 

A partir de los 90, las firmas de consultorías, ingeniería financiera y sociedades, se convirtieron en espacios de una intersección poco diáfana entre los intereses públicos y privados. Todavía hoy sirven de caladeros para los grandes apellidos de México cuando estos no están en funciones públicas y aún buscan mantenerse vinculados con el aparato estatal.

Al adquirir Interacciones, Banorte se posicionó como la segunda institución financiera de México. Hank González, “el nieto” y nueva imagen perfilada de la familia Hank, sería nombrado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su consejo asesor empresarial.

Según reveló el periodista Mathieu Tourliere en la Revista Proceso, solo en el primer trimestre del año 2020 -de acuerdo a datos de la página Compranet, la plataforma oficial de contrataciones públicas- las empresas encabezadas por los Hank recibieron al menos 24 contratos públicos federales por un monto total de más de 7.695 millones de pesos (388.695 dólares americanos) y el grupo Banorte obtuvo 6.885 millones de pesos (347.779 dólares americanos) a través de 23 contratos por diversos seguros.

La sociedad crece y crece, los repartidores se desvanecen

En el primer trimestre del 2022, Rappi en México llegó a 40 ciudades en diferentes estados y sumó, en cinco meses, 5.000 nuevos comercios. La empresa se alió con la Federación Mexicana de Fútbol y acompañará a través de la tienda oficial a la selección nacional del país en el próximo Mundial de Catar del presente año. Sin embargo, a pesar de que esta gran plataforma ha aumentado su riqueza en miles de millones de dólares, las personas repartidoras siguen trabajando como “socias” y no como “empleados”, ganando un promedio de 2.085 pesos mexicanos (105 dólares americanos) en una semana, por entre 46 a 48 horas de trabajo. De este monto total, además, se deben restar los costos en los que la empresa no incurre. Estas personas trabajan en la calle, expuestos a la lluvia, sol, riesgos y condiciones de precariedad laboral notables, utilizando su cuerpo como una “herramienta” que se desgasta y al que las empresas le exigen.

De acuerdo con Este futuro no applica, un reporte publicado por la organización Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) de México, la estructura del mercado de las aplicaciones como Rappi está diseñada de tal forma que no se le pueda demandar a la empresa por no hacerse responsable de los riesgos de trabajo que enfrentan las personas “asociadas” a sus plataformas digitales. El contraste se agudiza: mientras que unos 350.000 repartidores tienen carencias de acceso a servicios de salud y seguridad social, los co-fundadores de las apps son nombrados en la revista Forbes.

Desde 2020 a la fecha, se han registrado protestas en las calles y reclamos a través de redes sociales de repartidores, en los que exigen sus derechos y regulaciones para su condición laboral. Para esta cobertura se enviaron solicitudes a 15 entidades del país y a sus diferentes organismos e instituciones federales y estatales pidiendo información sobre posibles registros de denuncias. Las peticiones fueron realizadas a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, centros de conciliación laboral, a la Fiscalía General de la República y de los estados correspondientes, tribunales de Justicia y Poder Judicial. El resultado fue impreciso y no se obtuvo información por los siguientes motivos: documentos confidenciales, organismos incompetentes, peticiones específicas sobre números de expedientes, sin datos relacionados al tema.

El mutismo en la materia es un reflejo de la desregulación salvaje que predomina en este negocio novel. Las presiones del mercado y las empresas contra la formación de sindicatos y el temor a perder las ventajas que les ofrece este trabajo, dificultan el acceso a la información en el Estado mexicano. El logro de unas condiciones laborales que permitan una relación contractual donde los trabajadores puedan estar dentro del sector económico de forma digna, parece estar envuelto en condiciones de silencio y opacidad. 

En México, durante el actual gobierno federal, es poco el rédito político de discutir en el parlamento una iniciativa que regule el trabajo mediante las aplicaciones de reparto de comida rápida.

En 2019, el izquierdista Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialista Morena, presentó la primera propuesta con la intención de reformar la legislación. Desde entonces, la senadora del opositor Partido Acción Nacional (derecha), Xóchitl Gálvez, presentó una el 11 de noviembre de 2020; el 18 de octubre de 2021, la senadora Lilia Valdez, de Morena, presentó la propia y además, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también participó para las misma fecha con una propuesta de la reforma. ¿El resultado? La espera.

Según las entrevistadas, Xóchitl Gálvez y Lilia Valdez, así como un representante de la organización Ni un repartidor menos, las iniciativas se revisarán en algún momento “próximo”, pero no pudieron definir cuándo. Para el presente año 2022, desde la Secretaría de Trabajo de México también se anunció la creación de una posible propuesta de ley; sin embargo, al contactar a sus representantes de prensa, este equipo periodístico no obtuvo respuestas sobre el avance de esta iniciativa.

De acuerdo a la revista Forbes, Rappi informó mediante un comunicado en septiembre de este año, que ha sumado a más de 98,000 personas como repartidores independientes. En declaraciones también citadas por el medio, Alejandro Solís dice: “Llegar a 100 ciudades se dice fácil, pero ha sido un camino lleno de retos que con mucho esfuerzo hemos superado para alcanzar este importante hito en la historia de la compañía. Sin duda, México se ha consolidado como la operación más grande de la empresa en la región”.

La empresa de repartos líder en Latinoamérica juega con una red que traspasa paredes institucionales y forma parte de la estructura que le permite crecer. Sin embargo, para esta investigación los representantes de comunicaciones de Rappi declararon lo siguiente: “Rappi lleva a cabo sus operaciones bajo la premisa de transparencia, y en estricto apego a la legislación vigente de todos los países en los que desarrolla sus actividades. Toda alianza establecida por la empresa se sustenta en nuestras capacidades como organización, y requiere de la aprobación de distintas áreas a nivel corporativo. Las decisiones de negocio de Rappi son de carácter institucional, y en ningún caso, de relaciones personales de nuestros ejecutivos o de cualquier otra persona que integra nuestra empresa”.

Por su parte, el Grupo Financiero Banorte señaló que toda alianza establecida por sus empresas correspondientes son decisiones institucionales y en lo absoluto dependen de relaciones personales de sus ejecutivos; también mencionó que no existe vinculación alguna entre la estrategia de su banco digital y la alianza establecida con Rappi.

Rappi, que ahora regionalmente representa “el ejemplo” para una cadena de producción de “unicornios” en las startups de México y que además recauda millones de dólares anualmente, es el ganador de un contubernio entre la idolatría ciega por las nuevas tecnologías y un modelo económico-político que hace mucho tiempo llegó para quedarse.

* Paul Matos contribuyó desde Ciudad de México con la reportería.