Plataformas de delivery en Latam:

La pandemia por Covid-19 trajo consigo un crecimiento acelerado de las plataformas de delivery en América Latina. El confinamiento impulsó el uso de aplicaciones de pedidos a domicilio y con esto el aumento de sus ingresos. De acuerdo con los últimos cálculos reportados por Rappi y PedidosYa, dos de las apps más importantes para este mercado en la región, el valor de ambas plataformas suma 7.750 millones de dólares. Pero este progreso hubiese sido imposible sin la participación de repartidores, que han llevado en sus espaldas, durante dos años, el enriquecimiento de estas empresas a costa de su precariedad laboral.

Pese a múltiples y multitudinarias protestas en contra de las condiciones laborales impuestas por estas aplicaciones —que registramos en la primera fase de esta investigación hace un año— y numerosos estudios e informes que evidencian la desigualdad entre los dueños de las empresas (no considerados empleadores) y sus usuarios repartidores (no considerados empleados), las propuestas de proyectos de ley que le otorguen mayor protección a los derechos de los trabajadores no avanzan. 

En Distintas Latitudes —con el apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente de la Región (Capir), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)— nos preguntamos por qué, pese a la situación límite de derechos laborales de los riders, no existen en Latinoamérica legislaciones que les protejan. Después de diez meses de investigación tenemos al menos una respuesta: Rappi y PedidosYa, dos de las empresas de delivery más importantes de la economía naranja, a pesar de su relato en torno a la innovación como parte de la gig economy, han usado en varios mercados de la región -Colombia, Perú, Argentina y México- viejas artimañas del compadreo y el cabildeo para escapar a la regulación de sus actividades, y garantizar así sus intereses económicos por sobre los derechos laborales de las personas repartidoras.

En Colombia, dos exministros de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, David Luna Sánchez (2015-2018) y Juan Sebastián Rozo Rengifo (2018), que apoyaron el auge de los aplicativos en el país, pasaron de definir las reglas para las aplicaciones digitales a convertirse en defensores de las empresas de delivery. Tras dejar su cargo en el ministerio, Rozo fue contratado en julio de 2019 por Rappi como Jefe de Políticas Regionales para el Área Andina (Colombia, Perú y Ecuador), y en enero de 2022 fue nombrado Jefe de Políticas para toda Suramérica; mientras, David Luna, creó Alianza In, el gremio que protege a las aplicaciones, fundado en mayo de 2020, en plena pandemia de covid-19.

En Argentina, las aplicaciones de repartos tienen un estrecho vínculo con Cambiemos, la coalición de partidos que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en 2013, el actual gerente de relaciones públicas de PedidosYa fue candidato del partido y ocupó distintos puestos de gestión, hasta que empezó a trabajar en la empresa de delivery. 

En Perú, una congresista de la Comisión de Trabajo, Adriana Tudela, que se ha opuesto abiertamente a la discusión de un proyecto de ley que beneficie a las personas repartidoras, involucró en el debate legislativo a lobbistas de las empresas de delivery y su partido político tuvo entre sus proveedores de campaña a la familia de una exgerente de Rappi.

Y en México, Rappi, a través de su presidente, Alejandro Solís, estableció un importante convenio con Banorte, encabezado por la poderosa familia Hank, que no solo representa beneficios económicos para ambas empresas, sino también políticos, gracias a un linaje de conexiones amistosas que no se separa de los integrantes de partidos políticos de los gobiernos de turno.

Cuatro países y contextos distintos unidos por un mismo fenómeno: plataformas que pagan y se dan el vuelto, empresas de la nueva economía abriéndose camino con viejas mañas que garanticen su solidez en el mercado y la integridad de su riqueza.