Cuando los que hacen la ley son “amigos de la casa”

En Argentina existe un mito urbano -consagrado por el creador de contenido Pedro Rosemblat, en su segmento Esta semana en Springfield– que sostiene que el funcionamiento de la política local se asemeja mucho a lo que ocurre en algunos capítulos de Los Simpsons. Un paralelismo útil para empezar esta historia.

En el episodio siete de la temporada cuatro de la popular serie animada, Marge Simpson consigue un empleo en la planta nuclear de Springfield. Sin embargo, dura poco tiempo en el puesto, dado que el señor Burns -dueño de la planta- la despide de forma arbitraria luego de que ella se negara a salir con él. En una escena, Homero y Marge ingresan al despacho del millonario acompañados por el abogado Lionel Hutz, dispuestos a recurrir a la justicia.

Lionel Hutz agarra un maletín y afirma:

-Tenemos testigos, precedentes y una demanda de un kilómetro.

Al instante, el señor Burns presiona un botón y se abre una puerta. Detrás hay una manada de abogados. Hutz grita y luego huye de la escena.

Esa misma desazón dice haber sentido Gonzalo Ottaviano -responsable de inspección de la Asociación Sindical Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm)-  cuando, el 19 de noviembre de 2019, concurrió a la mesa de trabajo organizada por la Secretaría de Transporte del Gobierno Autónomo de Buenos Aires que se hizo de manera previa a la sanción de la llamada Ley 6314 de Servicios de Mensajería en 2020. Entonces vio cómo los integrantes de las empresas saludaban con abrazos efusivos a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de Argentina y -como su nombre lo indica- posee una Constitución propia e independiente del resto de las provincias. En 2007, el partido de centro derecha Propuesta Republicana (PRO) ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento el PRO ha sido reelecto cuatro veces seguidas. Por otro lado, entre 2015 y 2019, Mauricio Macri, fundador del PRO, fue presidente de Argentina como parte de la coalición Cambiemos, integrada por el PRO y otros dos partidos. 

Entre los representantes de las empresas que participaron en la mesa de trabajo destacan dos nombres: Pedro Devoto -exgerente de Asuntos Públicos de Glovo y actual gerente de Asuntos Públicos de Pedidos Ya S.a- y Florencia Nigro -responsable de Asuntos Públicos para Uber Argentina-. 

Además de poseer cargos similares en empresas de plataformas, Devoto y Nigro tienen algo más en común: ambos formaron parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u ocuparon puestos en organizaciones cercanas a Juntos por el Cambio, la coalición que reúne al macrismo opositor con parte de la derecha tradicional.

Devoto es politólogo egresado de la privada Universidad de San Andrés, una de las más caras de Argentina. En 2013 fue el segundo candidato a concejal por el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, en San Isidro (una localidad urbana de altos ingresos ubicada en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y, a partir de ese momento, empezó a ocupar cargos relacionados con la gestión pública. Entre 2014 y 2015 trabajó como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También fue Jefe de Gabinete en la Subsecretaría de Planificación, Coordinación y Evaluación de Gestión. Recién en 2019 abandonó la gestión pública para convertirse en el nuevo Gerente de Asuntos Públicos de Glovo. Y, luego, de Pedidos Ya S.A. 

Devoto declinó la posibilidad de dar una respuesta a la reportera de la presente historia.  

La trayectoria de Nigro es bastante similar. Entre 2010 y 2011 trabajó como Coordinadora del área de Políticas Públicas de la Fundación Pensar, un think tank que, desde 2005, se encarga de elaborar estrategias electorales y políticas públicas para el PRO. Su siguiente trabajo fue en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como asesora en el Instituto de Vivienda y en el Ministerio de Desarrollo Económico. En 2015, Cambiemos -una coalición formada por el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), precursora de Juntos por el Cambio- ganó las elecciones presidenciales y Mauricio Macri se convirtió en el presidente de Argentina. A partir de ese momento, Nigro empezó a ocupar puestos en distintos ministerios: fue asesora en la Secretaría de Coordinación Interministerial, y luego Jefa de Gabinete en la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. En diciembre de 2018, su carrera dio un giro y luego de seis años en la gestión pública se trasladó al ámbito empresarial, al asumir como Gerente de Políticas Públicas de Uber.

Otro caso: Gabriel Buenos pasó a formar parte de Rappi Cono Sur como Gerente de Relaciones Públicas en octubre de 2020, dos meses después de la sanción de la ley 6314. Al igual que Devoto, también cuenta con una extensa trayectoria relacionada a la gestión pública. Entre enero y octubre de 2020, trabajó como gerente operativo de Gobierno Abierto, un organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se dedica a facilitar el acceso a la información de la ciudad y a promover instancias de co-creación de políticas públicas. Además, durante toda la presidencia de Mauricio Macri, ocupó distintos cargos en la Presidencia de la Nación Argentina: primero fue Jefe de Gabinete en la Dirección Nacional de Datos e Información Pública, y luego pasó a ocupar el mismo puesto en la Subsecretaría de Innovación Pública.

Ley a la medida

Con esas relaciones cruzadas entre política y empresa, no es de extrañar que el 16 de julio de 2020, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires haya aprobado una serie de modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte que favorece a las plataformas en detrimento de los repartidores, a quienes despojó de derechos.

El Proyecto de ley 6314 de Servicios de Mensajería, presentado por Vamos Juntos -a su vez, la coalición que apoya electoralmente al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta-, define a las empresas como “operadores de Plataforma Digital donde terceros ofertan y demandan servicios de mensajería y Reparto”, y a los repartidores como “la persona humana que ejecuta el servicio”. Lo que establece el nuevo texto es que las empresas son intermediarias que brindan su plataforma para que los repartidores ofrezcan sus servicios, sin que exista una relación laboral entre ellos. 

Si bien la ley contempla algunas obligaciones para las empresas -garantizar los elementos de seguridad e higiene básicos, o asumir los costos del seguro de vida-, aún así,  es contraria a las decisiones que se están tomando en materia de derecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, en 2021 España sancionó la llamada Ley Rider, que establece que los trabajadores dispongan de vacaciones pagas, salario fijo, indemnización por despido y negociación colectiva. También se exige que las compañías hagan públicos los algoritmos que afectan las condiciones laborales.

El día en el que se aprobó la Ley 6314 de Servicios de Mensajería, la sede de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires amaneció vallada. Esa jornada, distintas organizaciones relacionadas con el servicio de reparto se manifestaron en contra de la ley. Era una rara unanimidad. De las posiciones diversas ante las particularidades del trabajo en plataformas han surgido sindicatos también diversos. Pero, ese día, todos los representantes de los trabajadores rechazaban la ley. 

El proyecto de ley original que había propuesto Vamos Juntos se limitaba a establecer que no hay una relación laboral entre repartidores y empresas. De allí se desprendía, por ejemplo, que los trabajadores debían hacerse cargo de la compra de equipamientos de seguridad y de pagar sus propios seguros. Así que, antes del debate, el Frente de Todos -la coalición de centroizquierda que incluye todo el espectro peronista y apoya al presidente Alberto Fernández- pudo introducir algunas modificaciones que obligan a las empresas a garantizar que los trabajadores cuenten con elementos básicos de seguridad vial y sanitaria, y se hagan cargo del seguro de vida, de responsabilidad civil y de accidentes personales. 

Durante su exposición antes de la votación, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, hizo ver qué tan extraño resultaba además que un instrumento normativo tan importante, la primera ley del país que le otorga un nombre jurídico a los actores del novedoso rubro del delivery o reparto de plataformas digitales, fuera tratada en un marco distinto al de las leyes laborales y concebida apenas como una modificación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los vínculos entre el Gobierno de la ciudad y las empresas de repartos no solo quedaron de manifiesto durante la aprobación de la ley. Una medida posterior, adoptada por el Ministerio de Educación metropolitano, obliga a los alumnos de las escuelas secundarias públicas y privadas de la Ciudad a realizar prácticas profesionales no rentadas en distintas empresas. Rappi Arg S.a.s fue una de las 265 beneficiarias.

Unicornios vs Gente

En los últimos años hubo varios intentos por parte de representantes laborales de judicializar a Rappi Arg S.a.s y Pedidos Ya S.a., los dos líderes del mercado. 

En noviembre de 2018 En noviembre de 2018, Rappi bloqueó de manera indeterminada a toda la comisión directiva de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), un sindicato que había surgido ese mismo año a raíz de la creciente insatisfacción de los trabajadores de aplicaciones. El bloqueo implica que el usuario sancionado ya no puede utilizar su cuenta, por lo que no puede seguir trabajando.  

Los repartidores de esa manera suspendidos optaron por presentar una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, donde solicitaban que  Rappi Arg S.a.s pusiera un freno a su conducta antisindical. En ese caso, la justicia falló a favor de los sindicalistas y estableció que la empresa estaba obligada a desbloquear las respectivas cuentas dentro del plazo de 24 horas, y a pagar una multa de 3.000 pesos (unos 20 dólares estadounidenses) por cada día de demora. Nada de esto llegó a ocurrir dado que la empresa apeló la sentencia. A diferencia de lo que había ocurrido antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictaminó que «no existe relación de dependencia entre los repartidores y la aplicación» y dejó sin efecto la medida cautelar. Como consecuencia el caso volvió a la Primera Instancia, donde todavía aguarda para ser atendida.

Entre 2017 y 2021, ASIMM presentó por lo menos cuatro denuncias contra Rappi Arg S.a.s y Pedidos Ya S.a por incumplimiento del convenio colectivo y de la Ley de Contrato de Trabajo, y por despidos masivos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Gonzalo Ottaviano señaló que recién ahora, a más de cuatro años de distancia, una de esas denuncias obtuvo una respuesta favorable a Rappi Arg S.a.s.  

Aunque en la mayoría de los procesos judiciales iniciados las empresas parecen tener las de ganar -o por lo menos la capacidad de dilatar los juicios- hubo un caso donde la justicia argentina falló a favor de una trabajadora despedida. 

En septiembre de 2020, Laura Cáceres, una joven de 21 años, fue bloqueada de Pedidos Ya S.a luego de encabezar una protesta sindical organizada por la Asamblea Nacional de Trabajadorxs de Reparto (ANTR), otro grupo sindical. Cáceres presentó una denuncia y en abril de 2021 la jueza Rosalía Romero, del Juzgado del Trabajo N° 71, ordenó su reinstalación. Una vez más, la empresa intentó apelar la medida pero la justicia volvió a fallar a favor de Cáceres.

La dilación de los juicios no es el único mecanismo utilizado por  Rappi Arg S.a.s y Pedidos Ya S.a. El 30 de septiembre de 2021, Lucía Cámpora, Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, denunció de manera pública que, en el fuero laboral, Pedidos Ya S.a había recurrido en dos ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra un fallo de la justicia nacional que reconocía la relación laboral con el repartidor. 

Más allá de que pasaba por alto la limitación reglamentaria de que el TSJ de la ciudad no puede revisar fallos de la justicia nacional, la iniciativa de Pedidos Ya acudía a una instancia en la que el contubernio de política y empresas también puede tener lugar. Los funcionarios que integran este organismo tienen un vínculo muy estrecho con Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Santiago Otamendi, actual Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Mauricio Macri. A la vez, la jueza Inés Weinberg de Roca fue candidata a procuradora durante el mismo gobierno. Aunque en apariencia podría interpretarse como otro intento de dilatar los procesos judiciales, la misma estrategia fue utilizada por varias empresas vinculadas a Juntos por el Cambio para lograr que las causas comprometedoras sean juzgadas por “los amigos de la casa”. De hecho, en 2020, Juntos por el Cambio intentó modificar el procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia para posibilitar que los fallos de jueces nacionales pudieran ser apelados ante el TSJ local. Finalmente la medida fue declarada inconstitucional por la Cámara Civil.

Tanto Rappi Arg S.a.s como Pedidos Ya S.a son clientes de dos estudios de abogados de muchísimo renombre: Cárrega y Funes de Rioja & Asociados. Sin duda se trata de dos empresas que cuentan con los recursos necesarios para afrontar los costos propios de una estrategia legal compleja. Sin embargo, también hay un marco estructural de fondo que hace que el futuro de quienes presentan denuncias ante Rappi Arg S.a.s o  Pedidos Ya S.a sea incierto. 

Rosalía Romero, la jueza que intervino en la causa de Laura Cáceres, explica que uno de los motivos por los que es tan difícil regular el trabajo de plataformas es que no cuenta con un reglamento. «Los trabajadores de plataforma en línea no están comprendidos en ninguna norma, entonces hay un vacío legal, por eso mismo, las decisiones dependen de cómo el juez interpreta la ley», afirmó.

Juan Manuel Ottaviano -no tiene parentesco con Gonzalo- es abogado laboralista e investigador del centro Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) de la Universidad Nacional de San Martín. Además es el asesor legal de la Asociación del Personal de Plataformas (APP). Para él, más allá de las posibles estrategias adoptadas por las empresas para evitar la sanción de un marco regulatorio, hay un contexto donde faltan acuerdos hacia el interior, incluso, de los gobiernos progresistas, sobre cómo resolver ciertos dilemas jurídicos, económicos y sociales que introdujo el cambio tecnológico. De hecho, el gobierno del presidente Fernández no ha presentado ni siquiera un Proyecto de Ley. “Existe un desconocimiento muy grande sobre las identidades y las reivindicaciones de los trabajadores de plataformas”, explicó. 

Por ejemplo, señala que mientras existe una visión más tradicional que defiende el carácter de la jornada continua y fija en un establecimiento, hay otra cultura que supone que la jornada continua no es un valor en sí mismo. “Yo pienso que tiene que haber nuevas formas de organización de la jornada en donde el derecho a interrumpir la jornada de trabajo o a administrar los tiempos tiene que emerger sin que esta flexibilidad implique barrer con los derechos laborales existentes”, concluyó. 

La estructura propia de Rappi, Pedidos Ya, Glovo y el resto de las aplicaciones de reparto se inscribe dentro de las plataformas laborales de tipo austero. Esto implica que, a diferencia de otros modelos de negocios apoyados en internet, carecen de activos. Para explicarlo de manera más clara: Rappi es una empresa que se dedica a los repartos pero que no es dueña de ningún vehículo. 

Hasta las propias posturas de los académicos que estudian el fenómeno,de la economía de plataformas, nuevo y en permanente evolución, han variado en los últimos años. Algunos, como Nick Srnicek (2018), sostienen que el origen de las ganancias de aquellas empresas que responden al modelo propio de las plataformas austeras -es decir, aquellas que no cuentan con activos tangibles- no es el servicio que ofrecen de manera explícita -por ejemplo, el reparto-, sino el análisis y la venta de los datos obtenidos de los usuarios que utilizan la plataforma. 

Aún así, hay un elemento del cual todavía no se pudo prescindir: la relación inherente y siempre potencialmente conflictiva entre el trabajo y la mano de obra.